Franquicias de paso: ¿quién protege la inversión y el desarrollo del deporte?
Columna de opinión | Roberto Manzano Feliciano
Una franquicia deportiva no cambia solo de cancha cuando se muda; cambia de audiencia, de mercado y de identidad. Por eso, cuando en poco tiempo los equipos pasan de un municipio a otro, la discusión no es meramente deportiva. Es económica, institucional y comunitaria.
Los municipios invierten recursos públicos esperando actividad comercial, identidad local y desarrollo deportivo. Esa inversión merece claridad: cuánto se aportó, bajo qué condiciones y con qué garantías de permanencia o compensación.
A la vez, la Federación Puertorriqueña de Voleibol no solo debe mirar la facultad reglamentaria de aprobar traslados, sino el impacto en la estabilidad de la liga, la confianza de auspiciadores y la continuidad de las comunidades deportivas.
No se trata de impedir todo traslado ni de retener franquicias indefinidamente, sino de exigir criterios transparentes, evaluación de impacto y rendición de cuentas de todas las partes.
Una liga fuerte no se mide solo por cuántos equipos hay en el papel, sino por cuántas comunidades conserva y desarrolla con el paso del tiempo.
Atraer una franquicia es una oportunidad de desarrollo, pero proteger esa oportunidad exige contratos claros, compromisos recíprocos y rendición de cuentas. Ni la autonomía del apoderado, ni las decisiones municipales, ni las autorizaciones de la federación pueden estar por encima de las obligaciones asumidas y del bienestar de las comunidades que sostienen el deporte.





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